A punto de terminar 2024, miles de colombianos siguen sufriendo en los aeropuertos internacionales de México una experiencia de rechazo, maltrato y violación de sus derechos humanos. Son ciudadanos colombianos deportados sin justificación alguna que convierten nuestro país en el primer filtro fronterizo de Estados Unidos de América, a costa de nuestros hermanos latinoamericanos.
Son miles los ciudadanos colombianos deportados, o inadmitidos, de México cada año por la vía de negarles la entrada a territorio nacional.
Alegando alguna perversa intención de migrar a EEUU, hombres, mujeres, ancianos y niños sufren el regreso forzoso a sus aeropuertos de destino, tras un periodo humillante de detención.
Esa práctica inmoral e ilegal se ha vuelto normativa desde el año 2020 y sucedió, de nuevo, el 30 de noviembre del 2024 en el aeropuerto de Cancún, cuando
un grupo de 10 personas; campesinas y campesinos pertenecientes a las organizaciones Coagros, Asogranjas, Asociación Convite Campesino, Fundación San Isidro, y funcionarios de Agrosavia, SENA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y GOPA-AFC, fueron deportados, humillados y maltratados. Este grupo viajaba a la península de Yucatán para participar en un intercambio con nuestras organizaciones, con el respaldo de la cooperación alemana y académicos de la ENES Mérida de la UNAM.
Lo sucedido en Cancún no es un hecho aislado. Es la regla de terror que sufren, año con año, los ciudadanos colombianos que llegan a México de visita. Y las consecuencias son de largo alcance:
Este acto no solo afecta a quienes buscan contribuir al intercambio de conocimientos, sino que también limita los puentes culturales y de colaboración que fortalecen nuestros pueblos.
Según un informe de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), en 2022, más de 33.593 colombianos fueron rechazados en los aeropuertos mexicanos, triplicando las cifras de años anteriores.
Para el año 2023 los colombianos inadmitidos descendieron a 29.284, una reducción de apenas el 12,83 %, "a pesar de los esfuerzos diplomáticos del Estado colombiano e, incluso, de la buena relación que tiene el presidente Gustavo Petro con su par Andrés Manuel López Obrador", misma que se mantiene con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Siendo que 683.147 ciudadanos de esta nacionalidad ingresaron a México por las terminales aéreas de la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún, ello "significa que el 4,28 % de quienes tenían planeado visitar ese territorio no pudieron concretar su viaje".
El Instituto Nacional de Migración presume que son
"migrantes que quieren llegar a Estados Unidos y utilizan la fachada del turismo para explorar oportunidades, cruzando por la frontera entre México y el territorio estadounidense".
Aunque en 2024, la cifra podría rondar entre los 14 mil o 20 mil colombianos deportados, la herida no cicatriza. Año con año, se producen estas graves situaciones de indefensión que han provocado reuniones bilaterales entre las cancillerías de México y Colombia, en las cuales Bogotá ha denunciado múltiples violaciones de derechos humanos.
Los testimonios se asemejan: confiscación de celulares, incomunicación forzada y detención en "cuartos de rechazo" que más parecen celdas, con condiciones insalubres y una atmósfera de intimidación.
Muchos de los afectados reportan que, a pesar de llevar su documentación en regla, no reciben una explicación formal sobre su inadmisión, violando sus derechos básicos.
La respuesta es siempre la misma. El Instituto Nacional de Migración (INM) justifica estos rechazos alegando que algunos viajeros intentan utilizar México como un puente hacia Estados Unidos.
Sin embargo, esta generalización carece de evidencia en la mayoría de los casos y afecta indiscriminadamente a personas con propósitos legítimos, como intercambios académicos y viajes turísticos.
Y además, cabe preguntarse, ¿por qué México debe ejercer de frontera sur de EEUU?
El costo humano y cultural de las deportaciones
La expulsión de los campesinos colombianos en Cancún representa más que un acto de discriminación; es un golpe a las iniciativas de colaboración entre comunidades latinoamericanas.
Los anfitriones mexicanos, organizaciones como el Centro Agroecológico y de Conservación Náaybi Lu'um y Guardianes de Semillas del Sur de Yucatán, lamentaron profundamente la cancelación de un encuentro que buscaba fortalecer el intercambio de saberes agrícolas y la defensa del territorio.
En un comunicado conjunto, estas organizaciones denunciaron la violencia institucional que enfrentaron sus colegas colombianos, pues
se ha convertido en una práctica sistemática retener injustificadamente a ciudadanos de países latinoamericanos, en su mayoría colombianos, en las salas de migración de los aeropuertos mexicanos.
La situación también afecta a las relaciones bilaterales. Desde la eliminación de visas entre Colombia y México en 2012, ambos países han trabajado en estrecha colaboración dentro de la Alianza del Pacífico.
Sin embargo, este tipo de incidentes pone en riesgo la confianza mutua y amenaza con afectar acuerdos políticos y comerciales.
La externalización de la frontera estadounidense
Varios analistas han señalado que México está actuando como un guardián externo de la frontera estadounidense.
Desde las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles si México no frenaba la migración hacia el norte, las políticas migratorias mexicanas han endurecido sus medidas, afectando no solo a migrantes, sino también a viajeros legítimos.
La presión de Estados Unidos, combinada con la endémica corrupción del INM, ha creado un sistema donde los rechazos arbitrarios se han vuelto una práctica sistemática.
Testimonios de colombianos deportados reportan, incluso, que algunos agentes migratorios exigen sobornos en dólares para permitir el ingreso, exponiendo la falta de transparencia en los procesos de admisión.
La respuesta de las comunidades y el llamado a la acción
Ante esta crisis, organizaciones mexicanas y colombianas han alzado la voz para exigir justicia. Los colectivos mayas que esperaban a los campesinos colombianos han pedido que este caso se visibilice como una violación de derechos humanos y un acto de racismo estructural.
Asimismo, llaman a una revisión profunda de las políticas migratorias mexicanas para garantizar un trato digno a los viajeros.
Este grupo contaba con todos sus requisitos de ingreso, reservaciones, itinerario, cartas de invitación de la UNAM, respaldo de la organización alemana y vuelos de regreso; aun así fueron despojados de sus celulares, y aislados, durante varias horas, en un espacio que describen como celdas, con personas que llevaban varios días allí, en condiciones deplorables. Nunca se les explicó las razones por las que no se les permitió el ingreso al país, ni hubo posibilidad de que se comunicaran con la cancillería colombiana. Al momento de su deportación fueron organizados en fila, escoltados por agentes migratorios y tratados como delincuentes.
El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de abordar estas denuncias con seriedad, investigando los abusos dentro del INM y estableciendo mecanismos de transparencia en los procesos de admisión. La solidaridad entre repúblicas hermanas pasa por las grandes causas, pero también por los pequeños detalles.
De no atajar estas prácticas, México corre el riesgo de erosionar su posición como líder regional y de dañar irreparablemente su relación con países hermanos como Colombia, exponiéndose a la posibilidad de medidas recíprocas por parte del Estado colombiano.
Las organizaciones que nos habíamos preparado con gran entusiasmo para recibir a las hermanas y hermanos campesinos colombianos y a sus compañeros, expresamos nuestra más profunda indignación por el trato inhumano y discriminatorio que recibieron. Como grupos comunitarios y organizaciones trabajamos para evitar este tipo de atropellos a nuestra integridad e identidad, por eso rechazamos enérgicamente todo acto de racismo y de violencia hacia nuestra profesión, nuestro trabajo y nuestras luchas colectivas.
En suma,
Como agricultores mayas y guardianes y guardianas de semillas exigimos que este caso sea investigado y visibilizado como una violación de derechos humanos. Consideramos que no hay razones válidas para impedir que nos reunamos a intercambiar experiencias valiosas cuyo fin es proteger las semillas y el territorio.
La expulsión de estos campesinos colombianos es algo más que un acto de injusticia. Funge como recordatorio indeseable que las políticas migratorias pueden convertirse en herramientas de exclusión, limitando la posibilidad de construir un futuro más solidario y conectado entre naciones hermanas.
Comments