En México, la defensa del territorio y el medio ambiente es una lucha que involucra a diversos sectores de la sociedad, desde campesinos e indígenas hasta académicos y ambientalistas. Los conflictos socioambientales se han intensificado en los últimos años debido a los impactos negativos que proyectos agroindustriales, de fábricas e infraestructura han tenido en las comunidades y sus entornos naturales.
Un ejemplo reciente de esta lucha se vivió durante la inauguración de las jornadas de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conhacyt) para el periodo 2019-2024. En este evento, se leyó un pronunciamiento que condenaba la represión y asesinato de defensores del territorio, como los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vásquez, quienes fueron asesinados por la Fuerza Civil de Veracruz mientras protestaban contra los daños ambientales causados por Granjas Caroll a la Cuenca Libres-Oriental.
El pronunciamiento, leído por Carolina García Reyes y Ana Lilia Becerra García, fue elaborado por 153 comités de base que participaron en los Pronaces. Estos comités están compuestos por una amplia gama de sectores ciudadanos, incluyendo campesinos, indígenas, defensores del territorio, ambientalistas, profesionales, académicos, pescadores y representantes de las comunidades afromexicanas. El documento resaltó la importancia de la participación comunitaria en la defensa del medio ambiente y exigió justicia para los activistas asesinados.
La Cuenca de Libres Oriental, ubicada entre los estados de Puebla y Veracruz, ha sido un foco de tensión debido a la operación de granjas industriales de cerdos que han causado contaminación y despojo del agua, afectando a las comunidades locales. La situación en esta región es un claro ejemplo de cómo la actividad industrial puede tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente y la vida de las personas.
Además de los hermanos Cortina Vásquez, otros defensores del medio ambiente han sido víctimas de la violencia, como Samir Flores Soberanes, quien se oponía al gasoducto Morelos, y Abisaí Pérez Romero y Jesús Bañuelos Acevedo Hidalgo, quienes se manifestaban contra un Centro de Tratamiento de Residuos sólidos urbanos en Atitalaquia, Hidalgo.
Estos trágicos eventos subrayan la urgencia de proteger a los defensores del medio ambiente y garantizar su seguridad mientras ejercen su derecho a la protesta y la libre expresión. Asimismo, resaltan la necesidad de que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables de estos crímenes, asegurando que la justicia prevalezca.
La participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre proyectos que afectan sus territorios y recursos naturales es fundamental para el desarrollo sostenible y la democracia participativa. Los comités de base han hecho un llamado a que esta participación no solo continúe, sino que se amplíe, permitiendo que las voces de las comunidades sean escuchadas y tomadas en cuenta.
La defensa del territorio y el medio ambiente en México es una causa que requiere del compromiso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Solo así se podrá construir un futuro más justo y sostenible para las presentes y futuras generaciones.
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