Impulsado por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder BUAP), se llevó a cabo el Segundo Encuentro de Comités de Ordenamiento y Defensa del Territorio los días 9 y 10 de agosto del 2024 en el Edificio Carolino.
En la sede histórica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ubicada a una cuadra del zócalo poblano, integrantes de Comités de Ordenamiento Ecológico, ejidatarios, profesionistas, apicultores, albañiles y hasta alcaldes de toda la península de Yucatán y de la Sierra Note de Puebla, se juntaron para intercambiar experiencias en materia de defensa y aprovechamiento del territorio y construir una nueva organización para enfrentar los viejos y los nuevos retos. Todos partieron de una pregunta generadora:
¿Cuál es la mejor forma de defender el territorio y la vida de las comunidades ante la espiral de despojo que se vive día con día? Porque las alarmas se disparan en todas partes: sea la extracción de agua para la agroindustria, el acopio de tierras por fraccionadores sin escrúpulos o el expolio de los cerros a manos de los talamontes, cuando no de basureros sin control, agroindustrias que abusan y contaminan agua y suelos, ríos sin vida y agua privatizada en la mancha urbana de Puebla.
Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), y María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), enviaron sendos mensajes saludando el evento. El vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, Ygnacio Martínez Laguna, inauguró los trabajos.
Fueron dos intensas jornadas de intercambio de experiencias y emociones. Entre 2020 y 2024, muchos de los participantes aprendieron la gestión de usos de suelo en talleres y organismos surgidos de los Programas de Ordenamiento Ecológico Participativos que, de la mano con los Programas Nacionales Estratégicos del Conahcyt y la Estrategia Nacional de Ordenamientos Ecológicos de Semarnat, realizó —o actualizó— el Cupreder en 15 varios municipios, desde Cuetzalan, Zoquiapan, Tlatlauquitepec, Ixtacamaxtitlán, Zautla, Zihuateutla, San Felipe Tepatlán o Santa Cruz Cuautomatitla, en el estado de Puebla, a Muna, Maxcanú y Halachó en Yucatán, pasando por Calkiní, Calakmul y Dzitbalché, en Campeche.
Estos comités de ordenamiento ecológico están aprendiendo el poder de la cogestión, al dictaminar, con el aval del cabildo, sobre la viabilidad de una gasolinera o un fraccionamiento, pero hay formas complementarias de proteger los territorios.
También acudieron a la invitación comités de ordenamiento del Estado de México, Acapulco y Puerto Vallarta, y organizaciones de ocho entidades federativas, muchas de ellas ligadas a los Proyectos de Investigación e Incidencia, también impulsados por Conahcyt, en los que participa Andrés Barreda, economista de la UNAM.
En este segundo encuentro de defensores del territorio, grupos de ciudadanos contaron su propio aprendizaje en amparos colectivos, como la Asamblea Social del Agua, en Puebla, y otros, como el economista Andrés Barreda, expusieron el uso de los Programas Nacionales Estratégicos de Conahcyt para crear, en un futuro inmediato, un Laboratorio Nacional de Toxicología que comprueba los daños a la salud, pues la contaminación no es solo el hedor de los ríos, sino “la insuficiencia renal crónica y otras comorbilidades” que minan la vida de los mexicanos.
Los diagnósticos más inclementes sobre la crisis socioambiental que atraviesa México se oyeron en el salón Paraninfo de la BUAP. Lo contó la mañana del 9 de agosto del 2034 la ingeniera ambiental Elena Burns Stuck, efímera subdirectora general de la Comisión Nacional del Agua, testigo impotente de un sistema intocable de concesiones privadas de agua, convencida que “vamos rumbo a un colapso” porque “los problemas son tan graves y hay tanta falta de responsabilidad que no veo cómo”.
Encima, resaltó Burns, “la crisis hídrica se privatiza, cada quien, buscando su pipa, pero no hemos podido visibilizar el tamaño nacional del desastre para que se vea el costo y el sacrificio de todos”
En los salones de este viejo edificio virreinal, y otras salas alternas, en la sede del Cupreder, integrantes de los comités de ordenamiento territorial, pero también miembros del Centro Fray Julián Garcés o de la Red de Investigadores del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, fueron rumiando sus propias conclusiones.
Las comidas y cenas fueron de carácter colectivo y en ellas, gracias a las aportaciones de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado del BUAP, se pudieron disfrutar platillos vernáculos como los chiles en nogada, las cemitas, los tamales, las tortas de mole y hasta los tacos árabes.
Y entre plática y plática, el consenso llegó.
Reunidos en sesión plenaria, el sábado 10 de agosto a las 13 horas, los más de 200 participantes de ese encuentro nacional decidieron que era el momento de crear la Organización Nacional de Comités de Ordenamiento y Defensa del Territorio (Onodet) para articular, en un solo organismo, “comités de ordenamiento ecológico y urbano, instituciones académicas, y organizaciones y personas que luchan por la defensa de los territorios frente a los impulsos devastadores de proyectos privados y públicos” con el fin de aprovechar la naturaleza de manera armoniosa, conjuntando “acciones que sumen los esfuerzos de muchos para alcanzar la meta de convivencia entre el planeta y el ser humano”.
Razones sobran. En la declaratoria aprobada tras la constitución de la Onodet, se vislumbraron los retos del sexenio que viene. Para revertir el desastre ecológico se requiere “una profunda reforma legislativa” que incluya la aprobación de una nueva Ley Nacional de Aguas que ponga fin al sistema privado de concesión y huachicoleo de los manantiales del país, en manos de fabricantes y agroindustria, devolviendo el control de las cuencas y el agua subterránea tanto a comunidades como a municipios.
Y todo ello sustentado por otra reforma institucional complementaria, aún más urgente, que convierta a Conagua, Conafor, Profepa y Cofepris en organismos reales de vigilancia y castigo a todos aquello contaminadores que han hecho de México el basurero predilecto de Estados Unidos de América.
Entre los pendientes que ya no pueden posponerse más, la Organización Nacional de Comités de Ordenamiento y Defensa del Territorio resaltó la necesidad de una política nacional para la atención de la basura y una actualización de las normas que regulan la calidad del agua, el aire y el suelo, más otras medidas que pasan por romper las barreras infranqueables que descubrieron activistas y académicos con cargos de responsabilidad en Semarnat o Conahcyt durante la 4 Transformación.
Somos rehenes de una ingeniería de fragmentación que, al decir de Andrés Barreda, ponente de este segundo encuentro, dislocó en leyes y organismos separados la fuerza coercitiva del Estado mexicano, maniatando su capacidad de intervenir en favor de la salud de los mexicanos y el cuidado del medio ambiente.
Por ello, urge una instancia coordinadora interinstitucional e intersectorial que garantice las transformaciones integrales. Máxima prioridades para enfrentar la gigantesca ola de inversiones extranjeras que llega bajo el nombre de Nearshoring y amenazan con agravar, aún más, el problema sanitario-ambiental de México, esa zona de sacrificio que los comités del ordenamiento ecológico, los grupos de defensa del territorio y las redes académicas no están dispuestas a seguir tolerando para beneficio de unos pocos.
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