Saneamiento del Atoyac: promesas renovadas y soluciones que no llegan
- Onodet México
- 24 mar
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El proyecto de saneamiento del Atoyac, anunciado con renovado impulso por la presidenta Claudia Sheinbaum el 22 de marzo del 2025 representa una esperanza para millones de habitantes de la cuenca que durante décadas han sufrido las consecuencias de su contaminación. Sin embargo, organizaciones sociales y comunidades afectadas advierten sobre los riesgos de repetir errores históricos si no se aborda el problema desde sus causas estructurales y con participación ciudadana efectiva.
Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza jornada de limpieza del río Atoyac en Tlaxcala / Imágenes: cortesía del gobierno de México
El banderazo de salida al saneamiento del Atoyac: ¿más de lo mismo?
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el pasado sábado 22 de marzo la ceremonia de optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de San Hipólito Chimalpa, evento que marcó el banderazo oficial al proyecto de saneamiento del río Atoyac. En su discurso, la mandataria destacó la importancia de recuperar los cuerpos de agua contaminados como parte de su compromiso con el medio ambiente y la salud pública.
"No puede ser que seamos la doceava economía del mundo y que nuestros ríos sigan contaminados", afirmó la presidenta durante el evento, donde también subrayó que su gobierno ha puesto en orden las concesiones de agua y ha recuperado 3 mil millones de metros cúbicos, equivalente a tres veces el consumo anual de la Ciudad de México.
Durante el acto protocolario, Sheinbaum anunció cuatro acciones concretas para el saneamiento del Atoyac y otros ríos prioritarios como el Tula y el Lerma-Santiago:
"Número uno, en evitar la contaminación. Todas las fábricas, las industrias, que no estén reciclando el agua y la estén llevando al río Atoyac, las vamos a poner en orden, van a tener que cumplir con la norma"; la segunda acción consiste en "rehabilitar todas las plantas de tratamiento y a modernizarlas, porque se han construido muchas plantas de tratamiento y fueron, ya, abandonadas durante muchos años, en el pasado, por corrupción"; la tercera medida implica "generar un esquema donde los municipios, estado y federación garanticen el funcionamiento de las plantas de tratamiento"; y finalmente, "limpiar y a reforestar para evitar que llegue azolve; cuando no hay árboles, llueve y se lleva toda la tierra y cae en el río".
Es importante señalar que la PTAR de San Hipólito Chimalpa no es una obra nueva sino una optimización de una instalación ya existente, lo que algunos críticos han calificado como "una manita de gato" más que el inicio de un proyecto integral de rescate. Según datos oficiales, esta planta tiene una capacidad de 700 litros por segundo y representó una inversión superior a los 600 millones de pesos, pero cabe recordar que "el costo operativo de la planta de Tlaxcala es de 2.80 pesos por metro cúbico, y unos 840 pesos por hora". Tan alto que algún día podría dejar de funcionar...
El evento incluyó también una jornada de limpieza en 98 kilómetros del río Atoyac, con la participación de más de 7 mil voluntarios en municipios de Tlaxcala y Puebla, según informó Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua. Además, la presidenta sembró un árbol en las márgenes del río como acto simbólico.
Estas acciones representan un primer paso de menor escala, pero la magnitud del problema requiere medidas más profundas y sostenidas en el tiempo. La contaminación del Atoyac es resultado de décadas de negligencia gubernamental, falta de regulación industrial y una gestión fragmentada de los recursos hídricos.
Voces críticas: las organizaciones sociales ante el saneamiento del Atoyac
El mismo día del evento presidencial, diversas organizaciones sociales como la Organización Nacional de Comités de Ordenamiento y Defensa del Territorio (ONODET), el Centro Fray Julián Garcés, la Asamblea Social del Agua (ASA) y la Colectiva por el Bienestar Social emitieron un comunicado conjunto que, si bien reconoce la importancia de la atención presidencial al problema, advierte sobre los riesgos de repetir patrones de simulación.
"Durante la última década se ha hablado de encontrar soluciones a esta problemática, pero hasta ahora todo se ha quedado en diagnósticos, discursos mediáticos y eventos populares que no pasan de recoger la basura más visible en algunos parajes de la ribera de los ríos", señala el comunicado de las organizaciones.
Además, denuncian que
"a la fecha no ha sido presentado un plan integral de saneamiento del Atoyac ante las y los especialistas, tampoco se ha convocado a organizaciones expertas en la materia, ni mucho menos se ha consultado a la población".
Particularmente grave es la denuncia realizada por el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés (CDHFJG), cuya directora Alejandra Méndez calificó como una "burla" y "falta de respeto" para los pueblos el arranque de la Restauración del Río Atoyac. Según la organización, días previos a la visita presidencial se emprendieron acciones para "enchular" al río en el tramo donde se haría el acto y para que disminuyera el fuerte olor que diariamente soportan los pobladores que radican en las cercanías del afluente.
Lo más preocupante, según el CDHFJG, es que durante las actividades de limpieza se expuso a los pobladores a compuestos tóxicos volátiles y microorganismos patógenos que contaminan ese afluente. Esta situación pone en evidencia el riesgo que implican las limpiezas superficiales en lechos y riberas del río sin las medidas adecuadas para proteger la salud de las comunidades locales.
Un punto crítico señalado por las organizaciones es que el proyecto actual se limita a recuperar plantas tratadoras obsoletas o cerradas sin atender las fuentes principales de contaminación industrial. Según datos presentados por ONODET, el Zahuapan-Atoyac tiene un caudal de aguas contaminadas de 5 mil litros por segundo en época de estiaje, y los contaminantes más tóxicos provienen de las empresas instaladas a la orilla del río, principalmente las asociadas a la industria automotriz, metalúrgica, petroquímica y textil.
El comunicado revela un dato alarmante: la concesionaria Agua de Puebla es responsable de la descarga de 3 mil litros por segundo de aguas residuales directamente al Atoyac, lo que representa el 75% del caudal total del Zahuapan-Atoyac. Esta liberación indiscriminada de aguas residuales constituye un flagrante incumplimiento del contrato de concesión.
"El colmo es que la empresa Concesiones Integrales SA de CV, alega falta de capacidad financiera, pero obtiene ingresos anuales por más de mil millones de pesos mientras que el estado poblano anunció un gasto público de 400 millones de pesos en el mantenimiento de plantas tratadoras", denuncia el documento.
Sin embargo, las organizaciones también reconocen que el compromiso expresado por la presidenta Sheinbaum de regular a las industrias contaminantes podría marcar un punto de inflexión si se implementa con determinación y transparencia. La voluntad política de separar el poder económico del poder político, como ha señalado la mandataria, será puesta a prueba en este caso emblemático.
Aprender las lecciones de fracasos anteriores en el saneamiento del Atoyac
El saneamiento del río Atoyac no es un tema nuevo; múltiples administraciones han intentado abordar esta problemática sin éxito. Según el análisis realizado por Loreto López y Castillo Montemayor en su libro "El agua y su cadena de valor: ¿Crisis de agua o falta de eficiencia?", los fracasos históricos se deben a factores como corrupción, falta de planificación técnica y ausencia de continuidad administrativa.
Un patrón alarmante identificado por los autores es el abandono sistemático de las plantas tratadoras una vez que la administración gubernamental que las impulsó concluye su mandato.
"La falta de continuidad en los programas de saneamiento, la ausencia de mantenimiento preventivo y, en casos extremos, el desmantelamiento o desvalijamiento de los equipos dejan una estela de inversión pública desperdiciada", señalan Loreto López y Castillo Montemayor.
El estudio revela que muchas instalaciones construidas en décadas pasadas permanecen abandonadas o funcionan por debajo de su capacidad debido a problemas técnicos y financieros. En Puebla, por ejemplo, la privatización del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) agravó la situación al priorizar intereses económicos sobre el bienestar público.
"La debilidad en la aplicación de la ley por parte de entidades reguladoras como la CONAGUA y la PROFEPA, que no ejercen una vigilancia estricta ni sancionan a los infractores que vierten aguas residuales sin tratar, agrava la situación", apuntan los investigadores.
Otro factor determinante en el fracaso de los planes de saneamiento ha sido la deficiencia en redes de drenaje. La construcción insuficiente de redes para conducir aguas residuales hacia las plantas tratadoras ha perpetuado la contaminación directa en los ríos. Los autores señalan que
"la construcción de redes de drenaje eficientes y extensas ha quedado históricamente relegada frente a la inversión en la captación y distribución de agua potable".
La balcanización y fragmentación de instituciones como CONAGUA, PROFEPA y SEMARNAT ha obstaculizado una respuesta coordinada y efectiva. La falta de comunicación entre estas dependencias y la duplicidad de funciones han generado vacíos de responsabilidad que han sido aprovechados por industrias contaminantes para evadir sus obligaciones ambientales.
El reconocimiento explícito de la presidenta Sheinbaum sobre la corrupción como causa del abandono de plantas tratadoras es un paso importante para abordar este problema histórico. Sin embargo, será necesario implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen que la historia no se repita.
Hacia un saneamiento integral del Atoyac
Ante los evidentes desafíos y la historia de fracasos, las comunidades afectadas han desarrollado una propuesta alternativa basada en principios integrales y participativos. La "Propuesta Comunitaria por Saneamiento Integral" elaborada por el Centro Fray Julián Garcés plantea acciones concretas para abordar la crisis hídrica desde sus raíces.
Durante más de dos décadas, las comunidades de la cuenca Atoyac-Zahuapan libraron una batalla incansable contra la contaminación, una lucha que finalmente resonó con la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, organizados en la Coordinadora por un Atoyac con Vida y otras agrupaciones, han alzado la voz con una propuesta que exige un saneamiento integral y la reparación del daño sufrido.
La propuesta, nacida de talleres y reflexiones colectivas en diversas comunidades, clama por un saneamiento profundo de la cuenca, que abarque ríos, arroyos, canales y zanjas, con metas claras y verificables para controlar las descargas industriales, las principales fuentes de la contaminación que ha enfermado a la población.
Desde entonces, los habitantes demandan que estas metas sean revisadas por científicos y ciudadanos independientes para evitar la simulación gubernamental que tanto han padecido. Además, exigen agua potable y saneamiento universales, la regularización de todas las descargas, tengan o no permiso vigente, y una auditoría exhaustiva del estado y manejo de los recursos destinados a las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) existentes antes de construir nuevas.
Resumen del informe de Connectas (noviembre 2021) sobre el abandono de las plantas de tratamiento municipales de Puebla y Tlaxcala
Un punto crucial es la evaluación de tecnologías donde las propias comunidades puedan participar en el saneamiento del agua que utilizan, así como la prohibición a los municipios de otorgar permisos de descarga no doméstica al drenaje municipal. La propuesta también exige que antes de construir nuevas PTAR municipales, se auditen las existentes para determinar si es mejor adecuarlas o rehabilitarlas.
La restauración de los suelos contaminados es otro pilar fundamental, con la necesidad de un diagnóstico exhaustivo, la reforestación de bosques de ribera y el monitoreo constante de la contaminación en los alimentos cultivados en la región.
Para prevenir la contaminación futura, proponen un sistema de monitoreo y alerta temprana, el cumplimiento estricto de la Declaratoria de Clasificación de los ríos, y un sistema de sanciones severas para quienes incumplan las normas ambientales, incluyendo la cancelación de permisos.
Comunidades de Puebla y Tlaxcala que habitan en el margen de los ríos Atoyac y Xochiac, junto con 37 organizaciones sociales, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que declare la Cuenca del Alto Atoyac como una zona de emergencia sanitaria y que incluya a las comunidades afectadas y a expertos en la materia en la elaboración del proyecto para su saneamiento. Esta petición fue resultado del Foro Cuenca del Alto Atoyac: voces comunitarias sobre la devastación socioambiental, hallazgos de proyectos de investigación e incidencia del Conahcyt y propuestas para avanzar hacia el saneamiento integral.
Los defensores del Atoyac expresaron su optimismo al referir que hay "luces de esperanza" con el gobierno de Sheinbaum, tras anunciar que, entre uno de sus 100 compromisos de gobierno, integró el saneamiento de los ríos más contaminados del país. Sin embargo, demandan específicamente que el gobierno explique su propuesta para limpiar el río Atoyac y que inicie un diálogo con presencia de las comunidades afectadas, mediante el cual se construya un verdadero Plan de saneamiento integral para toda la Cuenca del Alto Atoyac teniendo como centro la regulación de las emisiones tóxicas de las industrias.
El camino hacia un verdadero saneamiento del Atoyac
El reto para el gobierno actual es demostrar con hechos, no solo con discursos y actos simbólicos, que existe una verdadera voluntad política para enfrentar los intereses económicos que han impedido durante décadas el saneamiento efectivo del río Atoyac. Solo así, el banderazo dado el pasado 22 de marzo podrá convertirse en el inicio de una transformación real y no en un capítulo más de promesas incumplidas.
Las cuatro acciones anunciadas por la presidenta Sheinbaum representan un marco general adecuado, pero requerirán de una implementación detallada y rigurosa. La regulación de las industrias contaminantes, en particular, enfrentará la resistencia de poderosos intereses económicos que han operado con impunidad durante décadas.
La rehabilitación de plantas tratadoras abandonadas es una medida necesaria, pero insuficiente si no se atiende el problema de la falta de redes de drenaje adecuadas para conducir las aguas residuales hacia estas instalaciones. Además, será fundamental establecer mecanismos de financiamiento sostenible para su operación y mantenimiento a largo plazo.
La coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar el funcionamiento de las plantas tratadoras requerirá superar la fragmentación institucional y establecer responsabilidades claras. La experiencia histórica muestra que la falta de continuidad en las políticas públicas ha sido un factor determinante en el fracaso de iniciativas similares.
Finalmente, las acciones de limpieza y reforestación deben realizarse con criterios técnicos adecuados y con la participación informada de las comunidades locales, evitando exponer a los pobladores a riesgos para su salud.
El comunicado de las organizaciones sociales es contundente al señalar que
"el principal obstáculo para el saneamiento del Alto Atoyac es el poder económico que se ha impuesto sobre nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, a acceder al agua suficiente y de calidad y, sobre todo, al derecho de nuestras hijas e hijos a no vivir condenados a padecer trastornos en su neurodesarrollo, enfermedades renales crónicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, daño genotóxico y cáncer".
En el informe estratégico publicado por Conahcyt, citado por las organizaciones, se reporta que los más afectados son las y los niños entre 5 y 9 años, quienes tienen más probabilidades de morir de leucemia, así como las y los jóvenes entre 15 y 25 años, quienes registran una mayor probabilidad de padecer enfermedad renal crónica.
La gravedad de la situación exige una respuesta a la altura del desafío. El saneamiento del Atoyac no puede ser visto como un proyecto más de infraestructura, sino como una cuestión de justicia ambiental y social para millones de personas que han visto vulnerados sus derechos fundamentales.
La integración de las propuestas comunitarias en el plan gubernamental sería un paso decisivo hacia un enfoque verdaderamente integral. Las comunidades afectadas no solo tienen un conocimiento profundo de la problemática, sino también un interés genuino en su solución efectiva.
Como sentenciaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador y hoy lo reafirma la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, "es necesario separar al poder económico del poder político", recuerdan las organizaciones, añadiendo que "la sociedad no tiene por qué seguir pagando los ahorros de las empresas que acaparan las ganancias, pero socializan las pérdidas".
El saneamiento del Atoyac representa una oportunidad histórica para demostrar que esta separación es posible y que el interés público puede prevalecer sobre los intereses particulares. La presidenta Sheinbaum tiene ahora la responsabilidad de traducir sus compromisos en acciones concretas que marquen una diferencia real en la vida de millones de personas. Para que lleguen los cambios y no estemos, de nuevo, ante la simulación sexenal de un rescate que nunca llega.
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