El estado de Yucatán cuenta con su extenso territorio y una larga tradición agrícola, pero la región experimentó un cambio significativo a lo largo de los años noventa cuando la producción porcina se convirtió en una actividad industrial masiva tras el abandono del henequén. Durante décadas, los pequeños productores dominaban el paisaje rural, criando cerdos en granjas familiares. Sin embargo, tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, empresas multinacionales como Smithfield Foods comenzaron a instalarse en México, desplazando a los pequeños productores y cambiando el modelo de la porcicultura local hacia una producción intensiva y tecnificada.
Actualmente, Yucatán es uno de los cinco principales estados productores de carne de cerdo en México. En 2023, Yucatán sacrificó aproximadamente 166,132 toneladas de carne de cerdo, lo que representa una parte significativa de la producción porcina en México. En comparación con otros estados, Yucatán se posiciona como el quinto mayor productor, detrás de Jalisco (411,681 toneladas), Sonora (314,096), Puebla (187,936), y Veracruz (161,911). A nivel nacional, el total de carne de cerdo producida fue de 1,768,525 toneladas, lo que significa que Yucatán aportó alrededor del 9.4% de la producción nacional
Por lo tanto, puede considerarse que, en las últimas décadas, Yucatán vivió un crecimiento notable en su industria porcícola. Aclamada como un motor económico, esta agroindustria ha convertido a México en emporio de exportación a países como Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Sin embargo, detrás de esta bonanza se oculta una realidad alarmante: el impacto ambiental de las granjas porcícolas está comenzando a pasar factura a los ecosistemas y a las comunidades locales. Y, encima, los salarios que se pagan son miserables.
Los capitales de las granjas
En Yucatán, la producción porcina está dominada por grandes conglomerados como Grupo Kuo, una de las principales empresas del país bajo la marca Kekén. Grupo Kuo maneja un modelo de producción basado en el esquema Wean to Finish, que permite criar lechones en instalaciones supervisadas por la empresa hasta su sacrificio. Kekén es responsable de un gran número de granjas en Yucatán y se posiciona como uno de los mayores exportadores de carne de cerdo a Asia.
El éxito de Kekén ha sido posible gracias a la implementación de un sistema de aparcería, donde los pequeños productores invierten en infraestructura y la empresa proporciona lechones y alimento. Aunque este modelo ha generado empleos (mal pagados, naturalmente), también ha fomentado la concentración de la producción en manos de pocas empresas, lo que ha exacerbado los problemas de contaminación y afectado la sostenibilidad ambiental.
El gigante imparable
El gigante porcícola Kekén, la mayor empresa del sector en Yucatán ha incrementado sus ventas significativamente en los últimos años, según datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). el crecimiento de las ventas de Kekén entre 2013 y 2023, se sabe que la empresa ha mostrado un crecimiento significativo a lo largo de los años. Kekén, una de las mayores productoras y exportadoras de carne de cerdo en México, ha logrado duplicar su tamaño varias veces a lo largo de esta década.
2010-2015: Las ventas de Kekén crecieron de 250 millones de dólares a 500 millones de dólares.
2015-2020: La empresa se propuso nuevamente duplicar su tamaño, con el objetivo de llegar a los mil millones de dólares.
2020-2025: Kekén continúa con su crecimiento proyectado, buscando alcanzar los 1,800 millones de dólares hacia 2025.
En 2023, parte de este crecimiento estuvo impulsado por la producción diaria de cerca de 6,000 lechones y su expansión en mercados internacionales como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Aproximadamente el 30% de sus ventas en ese año fueron destinadas a la exportación, consolidando su liderazgo en la industria porcina mexicana.
En un inicio, este crecimiento fue recibido con optimismo. Se abrieron más de 250 granjas en todo el estado, y miles de empleos florecieron en las zonas rurales. Pero pronto, las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer.
El costo ambiental: una realidad innegable
El crecimiento de la industria porcícola en Yucatán ha traído consigo graves problemas ambientales. La contaminación del agua, del aire y del suelo es una preocupación constante, especialmente en un estado con suelos kársticos como Yucatán. Estos suelos permiten la rápida filtración de contaminantes a los acuíferos subterráneos, lo que pone en riesgo no solo los cuerpos de agua, sino también la salud pública.
Mientras la industria porcícola continuaba su expansión, las comunidades cercanas a las granjas comenzaron a denunciar una serie de problemas ambientales. La calidad del aire se deterioró, las fuentes de agua potable comenzaron a mostrar signos de contaminación, y los suelos se volvieron cada vez más improductivos. Pero ¿qué está sucediendo realmente?
Contaminación del agua y el suelo
Uno de los mayores problemas asociados con la industria porcícola es la contaminación del agua, especialmente en una región como Yucatán, donde el subsuelo kárstico es extremadamente vulnerable a la filtración de contaminantes. Los desechos líquidos generados por las granjas de cerdos se filtran en el manto freático, afectando los cenotes y las fuentes de agua potable.
Además, se ha detectado la presencia de metales pesados y otros contaminantes en los suelos cercanos a las granjas, lo que pone en riesgo la salud de las personas y de los ecosistemas.
Los Cenotes en Peligro
Uno de los mayores riesgos de la industria porcina es la contaminación de los cenotes, formaciones naturales que en Yucatán funcionan como fuentes de agua dulce y como parte del sistema de acuíferos. Un estudio reciente realizado por la SEMARNAT reveló altos niveles de nitrógeno amoniacal y fosfatos en varios cenotes cercanos a las granjas porcícolas. Estos contaminantes provienen de los desechos animales, que se filtran al suelo y llegan a los acuíferos
Datos del mismo estudio muestran que en cenotes como el X’tojil, en el municipio de Homún, se encontraron concentraciones de nitratos de hasta 10 mg/L, excediendo los niveles permitidos por las normas de calidad del agua. Además, se detectaron altas concentraciones de coliformes fecales, lo que representa un riesgo directo para las comunidades que dependen de estos cuerpos de agua para su consumo
Las emisiones atmosféricas: un aire irrespirable
Uno de los problemas más visibles es el impacto en la calidad del aire. Las granjas porcinas emiten grandes cantidades de amoníaco (NH3), ácido sulfhídrico (H2S) y metano (CH4). Estos gases no solo contribuyen al calentamiento global, sino que representan un riesgo para la salud de las comunidades vecinas.
Estos gases no solo afectan la calidad del aire en las comunidades cercanas, sino que también contribuyen al cambio climático global. Los monitoreos atmosféricos realizados en las granjas más grandes de Yucatán registraron concentraciones de amoníaco de hasta 64 µg/m³ en periodos de 24 horas, valores que pueden provocar problemas respiratorios y afectar la flora local.
En la comunidad de Kinchil, situada a pocos kilómetros de una de las principales granjas, los vecinos describen el aire como "irrespirable". "Huele como si algo estuviera pudriéndose constantemente", afirma Luisa Pérez, una residente de la zona. "Es imposible dormir en las noches si el viento viene del lado de la granja".
Concentraciones de Gases en Granjas Porcinas
Contaminante | Granja 1 | Granja 2 | Granja 3 | Mérida |
Amoníaco (ppm) | 84 | 252 | 467 | 32 |
Metano (ppm) | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.87 |
Ácido sulfhídrico (ppm) | 7.29 | 17.62 | 3.23 | 0.5 |
Estas cifras no son meramente datos abstractos. Los altos niveles de amoníaco, por ejemplo, pueden causar irritaciones en los ojos, nariz y garganta, mientras que el ácido sulfhídrico es tóxico incluso en bajas concentraciones. Las emisiones continúan afectando la calidad de vida de quienes residen cerca de las granjas, y no parece haber soluciones inmediatas por parte de las empresas responsables.
Contaminación del agua y del suelo: un problema que se expande
El suelo también está siendo severamente afectado. El vertido constante de residuos animales y aguas residuales sin tratar provoca la acidificación del suelo, lo que afecta su fertilidad y capacidad de sostener vida vegetal. Además, se han encontrado trazas de metales pesados como plomo y zinc en los suelos cercanos a las granjas porcícolas, lo que podría tener efectos negativos en la agricultura local.
Pero el aire no es el único recurso que se está viendo comprometido. Las fuentes de agua subterránea, vitales para las comunidades rurales de Yucatán, están bajo amenaza. El exceso de nutrientes y desechos generados por las granjas ha comenzado a filtrarse a los mantos acuíferos, contaminando los cenotes, las principales fuentes de agua dulce.
En el municipio de Homún, famoso por sus cenotes turísticos, los habitantes han denunciado el deterioro de sus aguas. "Antes venían turistas a bañarse en los cenotes, pero ahora nos dicen que huelen mal y que ya no son tan claros como antes", dice Alberto Castillo, uno de los guías locales.
Los análisis de suelo en las áreas circundantes a las granjas han revelado concentraciones alarmantemente altas de metales pesados como cobre, plomo y zinc. La contaminación del suelo no solo afecta la capacidad agrícola de la tierra, sino que también representa un riesgo directo para la salud humana, ya que estos metales pueden filtrarse al agua potable.
Los impactos ambientales de la industria porcícola no solo afectan el agua y el suelo, sino también la salud de las personas que viven cerca de las granjas. La exposición constante a los gases tóxicos emitidos por los desechos porcinos, como el amoníaco y el metano, ha provocado problemas respiratorios y enfermedades en las comunidades locales. Además, la contaminación del agua ha aumentado el riesgo de enfermedades gastrointestinales.
Falta de Transparencia y Regulación
Un problema recurrente en la expansión de la agroindustria porcícola en Yucatán es la falta de transparencia y de regulación efectiva por parte de las autoridades. Muchas de las granjas operan sin cumplir con las normativas ambientales necesarias, y las autoridades locales y federales no han llevado a cabo una supervisión adecuada. Este vacío de control ha permitido que las empresas continúen con sus operaciones a pesar de las quejas y denuncias de las comunidades afectadas
Racismo ambiental y conflicto social
El concepto de "racismo ambiental" se refiere a cómo las comunidades indígenas y rurales, en este caso los pueblos mayas de Yucatán son desproporcionadamente afectadas por los impactos negativos de la industria porcícola. Estas comunidades han denunciado la falta de consultas adecuadas por parte del gobierno y las empresas antes de la instalación de las granjas, lo que ha generado un conflicto social. Muchas de estas comunidades han organizado autoconsultas para expresar su rechazo a las mega granjas, como ocurrió en Homún y otras localidades de la región.
En la comunidad de Homún, donde más de una docena de cenotes han sido catalogados como reservas naturales, la población ha decidido alzar la voz.
Organizaciones locales han presentado demandas para detener la expansión de las granjas en la región, argumentando que su presencia amenaza la biodiversidad y el sustento de los habitantes.
"Lo que queremos es que respeten nuestra tierra y nuestro derecho a vivir en un ambiente sano", dicen sus habitantes Y el discurso es claro: "La industria porcícola está destruyendo lo que nos hace únicos, y no podemos permitir que siga creciendo sin control".
En julio de 2021, tres comunidades de Yucatán —Kinchil, Celestún y San Fernando— tomaron un paso decisivo en la defensa de su territorio y su salud mediante la organización de autoconsultas sobre las mega granjas porcinas en sus áreas. Estas consultas surgieron ante la falta de información y transparencia por parte del gobierno y las empresas porcinas, quienes no llevaron a cabo el proceso de consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, del que México es parte.
Las consultas: un ejercicio de autodeterminación
La consulta previa, o autoconsulta indígena, es un derecho humano de los pueblos indígenas que les permite decidir sobre su desarrollo en su territorio. En este caso, las comunidades mayas se preguntaron: "¿Como pueblo, le das permiso al dueño de la granja de cerdos para seguir trabajando en nuestro territorio?" El proceso de consulta fue gestionado por las propias comunidades y contó con la presencia de observadores de organismos internacionales como la ONU y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Kinchil: divisiones y tensiones
En Kinchil, una de las comunidades más afectadas por la contaminación de las granjas, se organizó una consulta en la que participaron 1,009 personas. De ellas, 576 votaron a favor de que las granjas continúen, mientras que 423 votaron en contra. Este resultado fue notablemente divisivo, ya que la empresa Kekén es una fuente importante de empleo en la zona. A pesar de la preocupación por la contaminación, muchas familias temían perder su fuente de ingresos
Celestún: una voz clara en defensa del agua
Celestún, por otro lado, mostró una postura más unánime. En esta comunidad costera, famosa por sus cenotes y su biodiversidad, 1,101 personas votaron en contra de las granjas porcinas, y solo 7 votaron a favor. Los residentes se mostraron especialmente preocupados por la contaminación de sus fuentes de agua subterránea, que son esenciales para la vida y el turismo en la región.
San Fernando: condiciones de voto bajo presión
En San Fernando, una pequeña comunidad de Maxcanú, la autoconsulta también reveló tensiones. Aunque 59 personas votaron en contra de la granja, 58 votaron a favor, en un ambiente que, según los testimonios, estuvo marcado por la presión y la presencia de agentes políticos que apoyaban a la empresa.
El significado de las consultas
Estas consultas representan un ejercicio de resistencia y autodeterminación frente a la expansión desmedida de la industria porcícola. A pesar de las tensiones y divisiones dentro de las comunidades, el hecho de que las personas se hayan organizado para proteger su territorio y su medio ambiente es un reflejo del creciente descontento social ante los impactos ambientales de las mega granjas.
Los resultados de estas consultas no solo revelan el conflicto entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente, sino que también subrayan la necesidad de que las empresas porcinas y el gobierno respeten el derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre su territorio. Las granjas porcinas en Yucatán están enfrentando una resistencia cada vez mayor, no solo por la contaminación, sino por la falta de consulta y transparencia.
El caso de Homún: un precedente importante
Aunque las consultas de 2021 en comunidades como Celestún, Kinchil y San Fernando no resultaron en una prohibición directa de las granjas, es importante destacar el precedente del caso de Homún, una comunidad ubicada en el corazón de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes. En 2018, la comunidad de Homún realizó una consulta similar y logró detener temporalmente la construcción de una mega granja porcina de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), que preveía albergar hasta 49,000 cerdos.
La consulta en Homún, en la que una mayoría abrumadora (739 de 789 votantes) votó en contra de la instalación de la granja, llevó a que los habitantes interpusieran un amparo en los tribunales federales, argumentando que la granja pondría en riesgo sus cenotes y fuentes de agua. En octubre de 2018, un juez federal suspendió las actividades de la granja de manera provisional, y en 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la revisión del caso. Aún está pendiente una resolución final.
El impacto de las consultas de 2021
Las consultas de 2021 no lograron el mismo éxito inmediato que el caso de Homún. Por ejemplo, en Kinchil, a pesar del fuerte rechazo de parte de la comunidad, la granja de Kekén sigue en operación, principalmente porque parte de la población depende de los empleos que genera. La división entre quienes apoyan la granja por razones económicas y quienes la rechazan por motivos ambientales ha dificultado la consolidación de una posición única que permita detener el funcionamiento de la instalación.
En Celestún, la consulta mostró una clara oposición a las granjas porcinas, especialmente por el temor de que la contaminación afecte las fuentes de agua y la biodiversidad de la región, que incluye el hábitat de flamencos y otros animales de gran valor ecológico. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una acción judicial o gubernamental que detenga la expansión porcina en la zona.
Aunque las consultas no han logrado un impacto inmediato en la paralización de las granjas en todas las regiones, han puesto de relieve la necesidad de implementar mecanismos de consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas consultas han abierto la puerta a posibles litigios y amparos, como se vio en el caso de Homún, donde la acción judicial se basó en la defensa del derecho a un ambiente sano y la protección de los recursos naturales.
Medidas urgentes: ¿Qué se puede hacer?
El informe del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) sugiere que, sin una intervención inmediata, los problemas ambientales causados por las granjas porcinas seguirán creciendo. Se proponen varias soluciones para mitigar el impacto de estas operaciones:
Monitoreo continuo de contaminantes: Se recomienda instalar estaciones de monitoreo cerca de las granjas para medir regularmente los niveles de gases tóxicos y advertir a las comunidades si se alcanzan niveles peligrosos.
Planes de manejo de residuos: Es fundamental que las granjas implementen sistemas más eficientes para el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos, con el objetivo de reducir la contaminación del suelo y el agua.
Tecnologías de reducción de emisiones: El uso de biodigestores y otras tecnologías que conviertan el metano en energía es una solución que ya ha sido adoptada en otros países, como Dinamarca. Estas tecnologías podrían ayudar a reducir significativamente las emisiones de gases contaminantes.
También para mitigar los impactos de la industria porcina, la SEMARNAT ha propuesto una serie de medidas que incluyen la mejora de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, la implementación de biodigestores para reducir la contaminación por metano y el control de las emisiones de gases nocivos. Además, se ha sugerido la creación de un programa de manejo para la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes, que permita limitar el desarrollo de nuevas granjas en áreas vulnerables.
En cuanto a la acidificación del suelo, se está evaluando el uso de tecnologías de recuperación que ayuden a restaurar la fertilidad de los terrenos afectados. Estas soluciones son vitales para asegurar que la producción porcina en Yucatán pueda continuar sin comprometer la salud del medio ambiente y de las comunidades locales.
¿Existe un camino hacia la sostenibilidad?
El auge de la industria porcícola en Yucatán ha traído beneficios económicos para las corporaciones agroindustriales, pero ni siquiera los bajos sueldos alcanzan a compensar el daño al medio ambiente y la salud de las comunidades locales. Y aunque es urgente que las empresas, junto con el gobierno, tomen medidas inmediatas para gestionar de manera responsable el impacto ambiental de esta industria, las empresas saben que ningún gobierno se atreverá a cerrarlas, lo cual no es del todo cierto porque en este sexenio SEMARNAT ha negado varios permisos de instalación, rompiendo con la inercia que Manifestaciones de Impacto Ambiental que nunca debieron aprobarse pasaban casi en automático.
Otro acuerdo que negoció SEMARNAT con las comunidades en 2204 fue que “en los municipios de Muna, Cacalchén, Conkal, Muxupip, Mérida y Kanasín ya no se otorgarán permisos para el establecimiento de nuevas granjas”, pero “el levantamiento de información” en las granjas de los municipios más críticos que permita “definir si cumplen con todos los permisos y autorizaciones” y, por lo tanto, conlleve sanciones de algún tipo es, de momento, tarea pendiente que dependerá, en gran parte, de la buena voluntad de las empresas.
Entre 2019 y 2024, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Yucatán denegó permisos y sancionó diversas granjas porcícolas debido a sus impactos ambientales, sobre todo en áreas sensibles como los humedales y la reserva geohidrológica del Anillo de Cenotes. En este período, se llevaron a cabo varias inspecciones, destacando la negativa de proyectos por incumplir con normas ambientales esenciales. SEMARNAT detectó más de 500 granjas activas, algunas de ellas operando sin la autorización necesaria o con infracciones graves en el manejo de residuos, lo que llevó a la negativa de permisos y multas.
En 2023, SEMARNAT reportó que más de 300 granjas no habían sido identificadas inicialmente y estaban operando de manera irregular, lo que incrementó las acciones regulatorias. Durante este periodo, la presión de organizaciones como Mercy For Animals y Greenpeace también impulsó una mayor vigilancia, resultando en la negativa de múltiples instalaciones que no cumplían con los estándares ambientales necesarios.
El Dictamen diagnóstico ambiental De la Actividad Porcícola en Yucatán de marzo 2023 fue “un ejercicio de monitoreo de calidad del agua, de gases de metano y amoníaco, así como análisis de suelo; y de hacer pública la información recopilada, analizada y sistematizada por la SEMARNAT, sobre la presencia de granjas porcícolas en Yucatán” que forma parte de las medidas de mitigación y control, apenas incipientes, pero antes nunca vistas.
No fue suficiente, pero pudo ser el inicio del fin del pase automático de las corporaciones del capitalismo agroindustrial, siempre y cuando la organización popular y la vigilancia de los tres niveles de gobierno sea realmente efectiva contra las megagranjas de cerdos.
Yucatán, con sus ricos ecosistemas y su vibrante cultura, merece un desarrollo que sea sostenible y respetuoso con el entorno. Solo así se podrá garantizar que las futuras generaciones disfruten de un ambiente limpio y saludable, sin renunciar a los beneficios económicos que la industria porcícola puede ofrecer.
La participación de los habitantes en la toma de decisiones, como en el caso de Homún, será crucial para garantizar que el desarrollo económico no se realice a costa del medio ambiente y la salud pública.
Las tecnologías más limpias y la regulación ambiental estricta son claves para evitar que la industria porcina siga generando impactos negativos. Sin embargo, es evidente que cuando se trata de equilibrar a actividad económica y la protección del medio ambiente, los gobiernos tienden a sacrificar el medio ambiente para proteger el beneficio de unos pocos.
O como dijo alguien:
—Van a seguir vertiendo agua manchada al manto freático, porque gozan de la protección del gobierno de Yucatán, de cualquiera de las administraciones pasadas, presentes y futuras, porque todas se han dejado comprar por la industria porcícola
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